Autoridades españolas

Cañete anuncia una “reforma muy profunda” de la Ley de Costas

Rafael Méndez – Madrid – 13-01-2012

La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una “reforma muy profunda” para “poner en valor” el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que “simplificará trámites ambientales” y potenciará el turismo en parques nacionales.
En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: “Nos gustan los chiringuitos”, que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.
Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para “poner en valor el litoral” para “armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales”.
Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación” y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.
En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.
El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería “dramático”, según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
Además, Arias Cañete ha anunciado una “simplificación de la normativa ambiental” para “agilizar trámites” y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.
En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar “las actividades turísticas en los parques nacionales”.
Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un “pacto nacional” del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.

http://pda.elpais.com/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20120113elpnepsoc_6.Tes&seccion=soc

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BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) –

España defiende ante la Eurocámara la ley de Costas y las compensaciones “justas” que incluye.

Eurodiputados exigen una reacción de la UE pero Bruselas insiste en que no es competencia comunitaria

La directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, defendió hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la Ley de Costas española porque su objetivo es “preservar” el litoral español y porque prevé compensaciones “justas” para los afectados, respondiendo así a las numerosas quejas remitidas a la Eurocámara.

La comisión europarlamentaria escuchará mañana martes a ciudadanos de distintos países comunitarios que acusan a las autoridades españolas de haberles expropiado sus viviendas en base a Ley de Costas.

En su comparecencia, Antolín señaló que la “gran presión” a la que se ve sometido el litoral español debido al impacto “económico, social, cultural y recreativo” de la costa hace necesaria una ley que la proteja y que fije “límites” al crecimiento urbanístico.

Además, insistió en que su deslinde afecta a una zona “francamente estrecha” y “sensible” en la que se quiere limitar el impacto de construcciones, y que se ha aplicado de manera “progresiva”.

También subrayó que el Tribunal Constitucional avala como “justa y equilibrada” la concesión de hasta 60 años que la ley prevé para los afectados que posean propiedades que sí fueron construidas de acuerdo a la legislación vigente antes de que existiera la ley de costas.

Varios eurodiputados tomaron la palabra durante el debate para aceptar la necesidad de una ley tal pero también para poner en duda la forma en que se ha puesto en marcha y reprochar el carácter “caprichoso” del deslinde en el litoral español. Es el caso de la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, para quien la ley de costas es “estupenda” pero que considera que su aplicación está siendo “aleatoria”.

Auken criticó la “desigualdad” de una norma que afecta a “casas modestas”, mientras que permite “que se levanten enormes hoteles”.

En la misma línea se pronunció el eurodiputado ‘popular’ Carlos Iturgaiz que criticó el trazado “en zigzag” de los deslindes para “salvar determinadas estructuras” y no a otras. También atacó la ley española por ser “caprichosa, parcial y discriminatoria” y no indemnizar “justamente” a unos propietarios a los que la norma convierte en “okupas”.

El representante de IU, Willy Meyer, expresó el apoyo de Izquierda Unitaria a la ley de costas española pero advirtió de “graves asimetrías” en su aplicación ya que “arrasa con celeridad” construcciones tradicionales, mientras que “no toca” otras como grandes complejos hoteleros. Por ello, pidió “estudiar” la reubicación de sectores populares que han perdido “de la noche a la mañana su primera vivienda” y contemplar indemnizaciones apropiadas.

Por su parte, el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez defendió la actuación del Gobierno español y recordó las palabras de un portavoz de la Comisión Europea que al inicio del debate advirtió de que las instituciones europeas “no tienen competencia” en esta área.

El socialista protagonizó un rifirrafe con un colega conservador, el británico Roger Helmer, quien consideró “intolerable” que España haga “caso omiso” a las denuncias de ciudadanos británicos que se ven “amenazados” por la expropiación de sus propiedades en España. Helmer afirmó que la corrupción “empaña” el mercado de viviendas en España por lo que “desaconseja” a sus electores que adquieran propiedades en este país.

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-ue-espana-defiende-eurocamara-ley-costas-compensaciones-justas-incluye-20100322190119.html

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España defiende en el PE las compensaciones a expropiados por Ley de Costas

Bruselas, 22 mar (EFE).-

El Gobierno español ha defendido hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que las compensaciones a los expropiados por la Ley de Costas en el litoral español son “justas y equilibradas” ante las críticas de la mayoría de eurodiputados presentes.

La directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, ha comparecido en la Eurocámara 24 horas antes de que un grupo de peticionarios de toda España se presente para denunciar que ha sido privado injustamente de sus propiedades en el litoral como consecuencia de la aplicación de la ley.

Los catorce peticionarios, la mayoría españoles pero también británicos y alemanes, denuncian la aplicación a su juicio abusiva de la norma en las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía, entre otras zonas de España.

La Ley de Costas de 1988 prevé la conversión en dominio público del litoral, lo que significa que los propietarios de las edificaciones existentes en un margen de cien metros a partir de la línea de costa dejan de serlo a favor del Estado y adquieren una cesión de uso por sesenta años.

Alicia Paz Antolín ha defendido que la ley y en concreto las compensaciones previstas para los propietarios están avaladas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La responsable del Gobierno ha destacado la importancia de la normativa española para la protección de la flora y la fauna y la necesidad de “hacer prevalecer el interés general sobre el privado”.

Además, ha apuntado que el procedimiento de deslinde por el que se decide si una propiedad debe ser declarada dominio público es “garantista con el afectado”, pues “se demora durante dos años durante los cuales están previstas alegaciones y posibilidad de recurso, no sólo en vía administrativa sino también ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”.

Tras la intervención de la directora general de Costas han apoyado las denuncias de los peticionarios el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, y los del Partido Popular Teresa Jiménez Becerril, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs y Gabriel Mato.

Iturgaiz ha denunciado que con la aplicación retroactiva de la Ley de Costas se trata a los propietarios como “okupas”.

Por su parte, Meyer ha destacado que los deslindes se han realizado de forma “caprichosa” y “favoreciendo a “los grandes hoteleros”.

Tan sólo ha hablado a favor de la Ley y su aplicación el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez, quien ha querido destacar que “el derecho de la propiedad no es un derecho humano” previsto en las cartas de derechos fundamentales.

El eurodiputado británico del Grupo de Conservadores y Reformistas Roger Helmer ha dicho que no “aconsejará” a sus colegas ingleses comprar una casa en el litoral español por “la falta de garantías” que da España a los propietarios y por “la corrupción de sus gobernantes”.

La Comisión Europea no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto argumentando que no tiene base legal para hacerlo al discutirse una normativa nacional y no comunitaria. EFE

http://www.efeverde.com/esl/contenidos/noticias/22-marzo-2010-18-59-00-espana-defiende-en-el-pe-las-compensaciones-a-expropiados-por-ley-de-costas

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Espinosa defiende la Ley española de Costas ante el Parlamento Europeo

21/01/2010

La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, defendió hoy ante el Parlamento Europeo la Ley de Costas española que establece un máximo de ocupación del suelo público. Espinosa explicó, en una intervención en la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, que “cuando el Gobierno de España elaboró la Ley de Costas en 1988 fue una ley precursora”. “Hoy los principios resultan más exigibles que nunca, ahora que conocemos el efecto del cambio climático y su impacto en las costas”, añadió la ministra, quien garantizó que se propone “defender los intereses de Europa”.

La ministra fue preguntada al respecto por el eurodiputado británico Nick Griffin, un escéptico confeso sobre la existencia del cambio climático y su vinculación con la acción humana, quien hizo referencia a la necesidad de respetar los derechos de propiedad privada.

Espinosa aseguró que está dispuesta a conceder un debate monográfico sobre la cuestión ante el PE, pero confió en que no se confunda a España como país con España como presidencia rotatoria de la Unión Europea. EFE
Para saber más sobre Autoridades españolas AQUÍ
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